Situación del transporte público en el país: La era del caos (Parte 1)

El transporte público de pasajeros, ya sea de corta, media o larga distancia, atraviesa, desde hace años, un estado de caos mercado por la falta del control. Temas como la calidad del servicio y el cumplimiento del marco normativo son dejados de lado por los organismos fiscalizadores. El seguro no está ajeno a esta realidad que afecta diariamente a millones de usuarios en todo el país.

El Transporte público de Pasajeros se trata, en términos económicos y sociales, de un arma importante no sólo en la infraestructura de una ciudad o país sino, también, en su microeconomía. Con empresas que abarcan tanto la corta, como media y larga distancia en todo el país, se ha convertido en un rubro realmente importante con influencias varias, sobre todo por el caudal financiero que manejan diariamente, por las pociones de sus sindicalistas y por el gran uso que día a día le otorgan millones de usuarios en todo el país.
En términos generales, se puede decir que se trata de un mercado enorme, compuesto por tres grandes medios de locomoción –colectivos, trenes y subtes, y que maneja cifras realmente impresionantes. Solamente con Capital Federal y el conurbano bonaerense, el servicio de colectivos obtiene ventas de 105 millones de boletos, los trenes de 34 y los subtes por 21 millones. A pesar del nivel de ganancias que obtienen, incluso, diariamente, el servicio de transportes aparece como uno de los grandes beneficiados por el marco regulatorio y jurídico de nuestro país. La regulación del mismo está a cargo de la Secretaría de Transportes de la Nación, que también actúa como organismo de control.
El servicio de larga distancia es el que menos ganancias le aporta al sector pero, al mismo tiempo, es uno de los más vigilados a la hora de la reglamentación. Con una flota de 3680 vehículos, su presencia igual es importante ya que, anualmente, transporta, aproximadamente, a 45 millones de pasajeros. A pesar de este contexto ampliamente favorable, los beneficios de los que gozan las 152 empresas que forman el sector no son pocos. Algunos de los más importantes son: la reducción del 20% de las frecuencias obligatorias, reducción hasta el 80% del valores de las multas impagas, valores más bajos en el precio del gasoil, prórroga de 10 años para explotación y el permiso para que circulen unidades con un promedio de antigüedad de hasta 6 años.
Sin embargo, no quedan dudas de que el punto fuerte del sector es el servicio de corta y media distancia. Cuenta con una flota de 26000 vehículos en todo el país –de los cuales más de la mitad (14000) se concentran en Capital y GBA- y beneficios aún más significativos. Hay que aclarar que los servicios especiales, de alquiler y transporte escolar se encuentran también incluidos en la normativa que rige el sistema de transportes. Como decíamos, los beneficios que goza el transporte público, generalmente porteño, son altamente considerables ya que incluyen el subsidio por parte del Estado del combustible y un ahorro en el monto de las multas por contaminación del medio ambiente, entre otros.
En base a este contexto, que supone el manejo de varias decenas de millones de dólares, la actividad del mercado del seguro aparece como determinante, más si se tiene en cuenta que se trata de un servicio con una alta posibilidad de siniestros. Con respecto a esto hay que decir que actualmente se encuentran asegurados 33500 vehículos. Sin embargo, debido a la falta de control que se ve en el pago de las cuotas, esto no garantiza que efectivamente se traten de unidades con cobertura, sino apenas de vehículos con contrato de pólizas.
Esta irregularidad se da, básicamente, debido a que una gran cantidad de empresas establecieron sus contratos de seguros con aseguradoras mutuales, donde ellas mismas son las accionistas. El problema surge en los casos en los que empiezan a advertirse poco control en el pago de las cuotas, situación que hace que muchas compañías presenten deudas por parte de los propios asegurados y propietarios de la aseguradora superiores a las ventas de la misma.
Hay que aclarar que en una asociación mutual, el mutualista asume el riesgo con su patrimonio. De las 7 aseguradoras que actualmente están autorizadas para operar con vehículos de transporte público, 5 se encuentran bajo este régimen. De todas formas, hay que decir que, según el reglamento establecido por la Subsecretaría de Transportes, la falta de pago de las cuotas correspondientes al seguro puede terminar en una quita de licencia. Sin embargo, como dijimos, la falta de control imperante en el sistema hace que esta normativa no se cumpla.
En caso de un contrato de seguro considerado “en regla”, la suma máxima que debe pagar una empresa de transporte como indemnización, en caso de siniestro, es de $40.000, que es el valor de la franquicia obligatoria.
Sin embargo, toda la normativa desarrollada en torno al sistema de transporte queda estancada en el ideal, ya que la realidad marca que la falta de control –tanto sobre el pago de seguros como sobre el estado de las unidades- es aún preocupante.
Dada esta situación, muchos fueron los discursos que prometían la implementación de algún sistema de inspección al transporte público de pasajeros.
En julio del 2003, el gobierno del ya por entonces presidente Kirchner había anunciado, a través del ministro De Vido, un plan de inspecciones “sorpresivas e intensivas” a los servicios de trenes y colectivos. El objetivo era, básicamente, verificar le cumplimiento de los contratos de prestación. Sin embargo, como puede advertirse, nunca se llegaron a ver los efectos de estas medidas. La calidad del servicio aún sigue siendo la mayor preocupación del usuario. Incumplimiento de frecuencias y demás reglamentaciones del servicio son comentarios constantes para los oídos argentinos. El caso más resonante es, sin dudas, el ferrocarril, tapa constante de los diarios debido a la calidad paupérrima del servicio que prestan. Se trata, posiblemente, del caso más representativo a la hora de demostrar el fracaso de estas políticas destinadas al control.
Evidentemente, este presente marcado por una irregularidad ya casi idiosincrásica en nuestro país presenta una bomba social que sólo los entes destinados a la regulación pueden ser capaces de desactivar.

Salomé Zamora