Asociaciones mutuales: una alerta demasiado ignorado (parte 2)

Las asociaciones mutuales, protagonistas principales en el sistema asegurador presente en el servicio público de pasajeros, se encuentran desde el año ´97 en una situación signada por la debilidad patrimonial y financiera. Sin dudas, una situación preocupante en un país que marca uno de los mayores índices de siniestralidad, en cuanto a accidentología vial, del mundo.

Es evidente que la situación del transporte público en nuestro país está marcada, básicamente, por un estado de fuerte irregularidad que pone en jaque, principalmente, al usuario. Fuerte cantidad de deudas, escasez de contratos de reaseguros y demás condiciones poco confiables en términos económicos hacen que la situación aseguradora en este rubro sea más que frágil.

Las asociaciones mutuales son las que más representan, en términos de cantidad, este cuadro tan complejo (ver Parte 1). Desde el mes de noviembre del año ´97, fecha en que la SSN dictó la Resolución nro.25429 la cual indicó, en cierta forma, el nacimiento de este tipo de entidades aseguradoras, el balance no es bueno. El hecho de que hayan sido las encargadas de absorber los pasivos generados por aseguradoras en proceso de liquidación influyó, por supuesto, en esto y en otro tipo de procesos que convierten a las asociaciones mutuales, hoy en día, en entidades fuertemente endebles. Este traspaso incidió, también, en que algunas de estas aseguradoras constituyan reservas insuficientes en caso de siniestros pendientes y, por ende, que se aprecie la ausencia de cobertura para asegurados y terceros, hecho que hace que no existan garantías lo suficientemente certeras de que, en caso de siniestro, se lleguen a cobrar los costos correspondientes.

Frente a este panorama difícil e inseguro, muchas son las consideraciones que se hacen con el fin de encontrar algún tipo de respuesta que alivie la situación. Por lo pronto, las aseguradoras que operan en este rubro no se quedan atrás a la hora de proponer una serie de acciones que, según este sector, tendrían efectos más que óptimos. Algunas de ellas son: que se incorporen al sistema los riesgos de charters y otros servicios especiales que están operando con coberturas inadecuadas; aumento del valor de la franquicia que, actualmente, es de $40000; fijación de normas precisas destinadas a la prevención de siniestros a través, por ejemplo, de un sistema de premios y castigos; establecimiento de programas de prevención de sinistros y gestión en seguridad vial a cargo de las empresas de transporte público de pasajeros; implementación de servicios de emergencia; formación de personal capacitado en detección de fraude en la contratación de seguros y en casos de siniestralidad y, por último, un controlador de las unidades vehiculares que responda tanto a autoridades reguladoras del sistema público de pasajeros como, también, aseguradoras involucradas en el tema.

Sin embargo, no son pocos los que oponen algunas objeciones -sobre todo en lo referente al aumento del valor de las franquicias- originadas, principalmente, por el temor que causan los efectos que esto podría tener en la estructura aseguradora en general. El nivel de pérdidas registradas desde el año ’97, a pesar de los sucesivos y millonarios subsidios otorgados por los distintos gobiernos –sobre todo el de Eduardo Duhalde, durante el año 2002- colocan al sistema bajo una coyuntura difícil que se traduce, básicamente, en una notoria desprotección para las asegurados y terceros damnificados. De todas formas, no se puede dejar de admitir que la política subsidiaria fue importante a la hora de prevenir aumentos de tarifas y, por ende, efectiva a la hora de evitar un posible nuevo foco en el proceso inflacionario que nuestro país atraviesa por estos días.

El accidente que se convirtió en símbolo

El 27 de diciembre de 1996 el partido de Laprida se estremeció ante la noticia que informaba sobre un accidente fatal ocurrido en la ruta provincial 51, a la altura de esta localidad. En esa oportunidad, el choque reportó 9 muertos además de una cantidad considerable de heridos, algunos de ellos graves. Las víctimas eran estudiantes secundarios que se encontraban en camino a su viaje de egresados, ilusión que se vio abruptamente interrumpida cuando el micro de la empresa Rápido Argentino que los trasladaba chocó contra un camión.

La importancia de este choque no radica sólo en la gravedad del siniestro, que en términos numéricos no establece una diferencia importante con otros ya registrados en nuestro país, sino que se trata de un ejemplo perfecto a la hora de demostrar la desprotección a la que está sujeta el usuario en todo este entramado que marca la actividad aseguradora en el transporte público de pasajeros.

Si bien es verdad que Rápido tenía el seguro correspondiente de responsabilidad civil, contratado con La Uruguaya Argentina, LUA, los familiares de las víctimas nunca recibieron la indemnización correspondiente. Mientras tanto, esta empresa de transporte entró en concurso preventivo de acreedores y, a su vez, la empresa aseguradora cedió las pasivos que resultaron como consecuencia de los reclamos de la víctimas a otra aseguradora, Protección Mutual. La gravedad del caso radica en que, como dijimos, ningún familiar de las víctimas recibió indemnización, hecho originado por la debilidad patrimonial de esta entidad mutual. Las cifras son elocuentes: mientras que el total reclamado por las víctimas llegaba a 1911500 pesos o dólares –en esa época todavía regía la convertibilidad-, Asociación Mutual sólo tenía previsto, en su pasivo, pagar 12150 pesos, que es lo que recibió por la cesión de LUA. De más está decir que, ante estos valores, la posibilidad de recibir el resarcimiento correspondiente suena como algo más que ilusorio.

Evidentemente, este es un caso más que representativo de lo que es el funcionamiento de un tema tan sensible como es el seguro en el servicio de transporte público de pasajeros, sobre todo teniendo en cuenta lo expuesto que se encuentra un vehículo cada vez que sale tanto a la ruta como al mismo tránsito citadino. Más, teniendo en cuenta la delicada situación vial que atraviesa nuestro país, que según estadísticas internacionales, es uno de los que más víctimas por accidentes de tránsito registra a nivel mundial. Sin ir más lejos, el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondito acaba de recomendar al gobierno nacional, en los últimos días, el estado de “emergencia vial” en nuestro país, debido a las altísimas cifras de víctimas que se registran por día en diferentes accidentes de tránsito. Los 28 muertos que se producen diariamente -10351 durante todo el 2005- producen, obviamente, una alarma que es imposible de ignorar. Más grave resulta aún el hecho de que en Argentina son realmente escasos, por no decir nulos, los programas abocados a intentar terminar con este problema que afecta no sólo a la vida de los ciudadanos sino, también, al sistema productivo y económico ya que las víctimas corresponden, generalmente, al sector etario más activo en términos económicos. Esta situación tan extrema en lo que se refiere a accidentología vial hace que el seguro adquiera aún más importancia debido, justamente, al alto grado de siniestralidad que se registra diariamente en Argentina.

De esta manera, resulta innegable que el sistema de trasporte público de pasajeros presenta constantemente señales que los diferentes organismos de control no deben pasar por alto. Altos índices de deudas, poca adhesión a contratos de reaseguros, falta de respuestas económicas en casos de siniestralidad y un contexto vial que propicia de manera notable la posibilidad de algún accidente son sólo algunos de los factores que influyen para que la situación esté cerca de lo caótico. Sólo un compromiso total por parte de todos los actores involucrados en el sistema parece ser una solución válida para una problemática tan compleja.

Salomé Zamora