Subsidios: nueva respuesta contra la inflación
El gobierno anunció, en estos últimos días, un nuevo incremento en los subsidios que el estado le otorga a las empresas de transporte público. La medida tiene, como objetivo principal, lograr el congelamiento de las tarifas durante este año. Sin embargo, este recurso parece estar lejos de brindar soluciones a la baja calidad del servicio, una de las mayores preocupaciones de los usuarios.
El Gobierno ha decidido, en esta última semana, un nuevo paso en la lucha que enfrenta contra la principal amenaza que acecha a la sostenida recuperación económica de nuestro país: el proceso inflacionario. Luego de los promocionados acuerdos de precios con sectores clave del sistema económico, Economía plantea un nuevo recurso a la hora de contener el sostenido aumento de precios que se está viviendo por estos días, el cual afecta, nada menos, que a uno de los sectores de más influencia en la economía diaria del consumidor. El servicio de transporte público de pasajeros se convirtió, entonces, en el nuevo objetivo de la administración kirchnerista.
De esta forma, el Estado desembolsará, durante todo el año 2006, un total de 5,7 millones de pesos diarios –un 15,4% más que lo otorgado en el 2005- , con el fin de lograr el congelamiento de las tarifas de los servicios de colectivos, trenes y subtes, que son los más usados diariamente por los usuarios de las principales zonas urbanas del país. El precio del servicio diferencial del combustible, beneficio del que gozan las empresas del sector desde hace cuatro años, también permanecerá intacto.
Esta nueva medida antiinflacionaria representará para el Estado un costo de 2052 millones de pesos en concepto de subsidios y compensaciones económicas a las empresas que conforman este servicio. A esto hay que aclarar que esta estimación no contempla un posible aumento en las condiciones remunerativas de los trabajadores del gremio transportista que, en medio de un contexto de fuerte reclamos salariales provenientes de múltiples sectores del mercado laboral, no sería extraño que lleguen a producirse. Debido al marco normativo actualmente vigente, en caso de que esto efectivamente logre concretarse, las empresas transportistas trasladarán estos incrementos al Estado, el cual deberá seguir aplicando este tipo de medidas subsidiarias.
Este sistema de financiamiento encuentra, básicamente, dos fuentes importantes: la recaudación de la tasa del gasoil y, por otro lado, los recursos presupuestarios, los cuales tienen una participación cada vez más importante en la liquidación de pagos.
Por supuesto que este recurso de compensaciones económicas no es algo novedoso. Muchos gobiernos anteriores, sobre todo luego de la devaluación a comienzos del 2002, han recurrido a este tipo de políticas. Durante el gobierno de Eduardo Duhalde se llegó a ver una gran cantidad de desembolsos en términos de subsidios destinados, principalmente, a contener los aumentos de insumos que ya asomaban como consecuencia del proceso de fin de la convertibilidad. La administración Kirchner también encontró en ellos el mecanismo idóneo para contener, en este caso, temas como inflación y reclamos de aumentos salariales. A comienzo de su gobierno, en el año 2003, se otorgaron subsidios por valor de $2,1 millones diarios; ya durante el año siguiente la cifra alcanzó los $3 millones, mientras que en el año 2005 se ve un incremento que llega a los $4,9 millones. Como se mencionó al principio, para el transcurso de este año se estima que se destinarán $5,7 millones por día.
El beneficio subsidiario alcanza, entonces, a todos los servicios que conforman la red de transporte público de pasajeros a nivel urbano. En el caso de los colectivos, específicamente, las compensaciones tarifarias previstas para el recién iniciado 2006 alcanzan los $70 millones mensuales, lo que muestra un incremento notorio con respecto al año pasado, cuando se abonaron 57,7 millones por mes. El cálculo de la cifra a otorgar surge, principalmente, de una ecuación que se hace teniendo en cuenta la base de los pasajeros transportados y los kilómetros recorridos por colectivo. Esto significa un ingreso de $3000 por mes por cada unidad que se encuentra en funcionamiento.
En el caso de los trenes y subtes, el valor de los subsidios con que arrancaron el año se ubica alrededor de los $31 millones por mes, el cual también muestra un aumento más que importante con respecto a lo desembolsado en el año 2005, cuando el promedio mensual fue de $20,4 millones.
A esto hay que agregar, como se mencionó, el beneficio del combustible a precio diferencial, creado en el año 2002 y que hace que las empresas de transporte público sólo abonen 42 centavos el litro del gasoil, mientras que las compañías de larga distancia pagan 65 centavos por la misma cantidad y el precio del mercado se encuentra alrededor de $1,40. Esta diferencia, por supuesto, es absorbida por el Gobierno, lo que implica una reparación de $70 millones a las petroleras instaladas en nuestro país.
A pesar de los reiterados aumentos de subsidios destinados al transporte público, es evidente que este servicio sigue siendo uno de los que más quejas y malestar generan en la población. El mal servicio en general que prestan, marcado principalmente por un escaso cumplimiento en las frecuencias y el pésimo estado físico de las unidades, hace pensar que se tratan de beneficios que recalan sólo en beneficio del propio sector transportista, preocupado más por absorber los posibles aumentos en los costos de los insumos que en realizar inversiones en vistas a mejorar un servicio que se presenta como malo.
Evidentemente, una de las prestaciones más cuestionadas desde hace tiempo es la conformada por los trenes. Sin embargo, y a pesar de los escandalosos hechos que se vieron –quema de unidades de por medio- durante el año pasado, las compensaciones económicas destinadas a este sector fueron importantes. Durante el 2005, desde el Ministerio de Planificación se entregaron partidas por valor de 31 millones de pesos a Trenes de Buenos Aires SA, de 17,5 millones a Transportes Metropolitanos Belgrano Sur SA, de 15,3 millones a Metrovías SA, de 13,4 millones a Ferrovías y de 7,9 millones a Transportes Metropolitanos General Roca SA. En este caso, la financiación que permite entregar este nivel de subsidios surge a raíz de la reducción de los créditos a Enarsa y a Nucleoeléctrica Argentina. Un dato importante a destacar es que, durante el 2005, los subsidios entregados al sector de trenes y subtes representaron un 358,5% más de lo previsto inicialmente para ese año en la ley de Presupuesto. A lo largo de esos doce meses, Trenes de Buenos Aires (TBA) fue la concesionaria más beneficiada, ya que obtuvo subsidios adicionales por valor de 112,4 millones, es decir, registró incrementos por más del 524,4%. Apenas detrás quedó Metrovías, el cual contó con subsidios 522,6% superiores a lo previsto, mientras que Ferrovías obtuvo compensaciones de más del 180%. De todas formas, se tratan de aumentos realmente significativos, sobre todo teniendo en cuanta la diferencia que se ve con respecto a los números previstos para ese año.
Evidentemente, el servicio de transporte público de nuestro país tiene una influencia notoria en lo que hace a rutina y economía diaria de gran parte de la sociedad. Intentar mantener sus tarifas en valores estables representa un buen recurso a la hora de combatir el proceso inflacionario que tanto amenaza al consumidor argentino. Sin embargo, resulta innegable que se trata de un servicio que aún presenta una innumerable cantidad de fallas. Por esa razón, los sostenidos incrementos de estos recursos deberían ser algo más que una simple recomposición económica frente a ciertas problemáticas que presenta la actualidad económica. Deberían convertirse, además, en un arma a la hora de pensar en cómo mejorar un servicio que aún no ha brindado las satisfacciones esperadas.
Salomé Zamora
