Jornada en el Banco Nación
El derecho de sentirse protegido (parte 1).

El pasado miércoles 15 de marzo se llevó a cabo, en el Auditorio del Banco Nación, la jornada La Salud y Seguridad en el Trabajo es un Derecho, centrada básicamente en los diferentes aspectos que hacen a la actualidad de la siniestralidad laboral, un problema con repercusiones tanto a nivel social como económico.

La jornada estuvo orientada a discutir, desde diferentes ópticas, la problemática de la seguridad laboral, tanto a nivel nacional como también internacional. A través de reconocidos especialistas como, por ejemplo, Jhonny Picone Briceño –Pte. Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales de Venezuela- María Angeles García García –Vocal del Consejo General del Poder Judicial de España-, Stefan Zimmer –Responsable de la Unidad de Política social Internacional de la Confederación de Entidades de Seguros y Prevención de Riesgos Profesionales de Alemania-, Emilio Castejón Vilella –Experto Del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España-, Ignasi Fina Sanglas –Concejal Ponente de Salud Pública del Ayuntamiento de Barcelona-, Alfredo Contegrand –Secretario de Seguridad Social- y Francisco Matilla –CAME-, se debatió sobre las distintas aristas que conlleva este problema y sobre el rol que deben tener tanto las entidades aseguradoras como también el Estado en todo lo relacionado a su regulación, prevención y solución.
Es sabido que todo lo referente a seguridad y accidentología laboral se encuentra, en estos momentos, ocupando un lugar de privilegio en la preocupación en diferentes sectores de las pirámides social y productiva. Es indudable que los distintos casos de siniestralidad laboral que se llegar a registrar se transforman en patrimonios tanto de agrupaciones gremiales como también de grupos empresarios y entidades reguladoras de la actividad como son, por ejemplo, las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo –ART-, y el mismo Estado, máximo responsable de la administración responsable de un problema que presenta secuelas tanto a nivel social como económico. Un proyecto del Gobierno, desarrollado a través del Ministerio del Trabajo, incluye la modificación de la ley de Riesgos de Trabajo en puntos realmente sensibles como son el tope indemnizatorio y el reclamo de doble vía, hecho que hace que este tema se esté transformando en un centro de interés no sólo para las agrupaciones sindicales sino que también está empezando a afectar seriamente a grupos económicos más concentrados. A esto se debe agregar la polémica que genera desde hace tiempo el sistema de aseguradoras de riesgos de trabajo, creado a principios de los ’90 y con una efectividad más que cuestionada por varios de los actores del sistema. En medio de este contexto marcado por una serie de cuestionamientos profundos, un debate serio de acerca de la actualidad de la siniestralidad en nuestro país aparece como más que necesario.
Sin embargo, para poder analizar y apreciar de manera más óptima los diferentes aspectos que esta realidad presenta en nuestro país, resulta imprescindible indagar sobre las características que otros sistemas de seguridad social presentan en diferentes partes del mundo. En este sentido, se puede adelantar que el modelo alemán, basado en cimientos base como son la prevención y el control sistemático de los diferentes ámbitos de trabajo, se presenta ante el mundo como el más exitoso y el más tentador a la hora de su imitación.
Centrándonos ya en los distintos esquemas registrados a niveles internacionales, hay que decir que uno de los más desarrollados durante la jornada fue el que actualmente está rigiendo a la sociedad venezolana. Es evidente que, según lo desplegado por Picone
Briceño, se trata de un modelo amplio y abarcativo, en el cual confluyen diferentes aspectos determinantes del régimen laboral. En términos generales, el modelo abarca a una serie de sistemas y regímenes prestacionales que se unen a una cantidad de regulaciones de índole social. Básicamente, se establecen sistemas prestacionales para áreas como salud, previsión social y vivienda y hábitat, además de regimenes prestacionales para ámbitos como salud, pensiones y otras asignaciones económicas, empleos, adulto mayor y otras categorías de personas, además de vivienda y hábitat. Además de esto, como se mencionó, existen una serie de normativas que apuntan a una serie de medidas específicas para la esfera laboral que son: unión de aspectos preventivos e indemnizatorios, ampliación del concepto de medio ambiente de trabajo con la incorporación de recreación, uso de tiempo libre, descanso y turismo social, integración del régimen prestacional de seguridad con el de salud en el trabajo, desarrollo del concepto de trabajo digno y profundización del derecho de participación de actores sociales. Evidentemente, se trata de un modelo con una clara inclinación social, en donde el trabajador adquiere un rol protagónico y que se aprecia como un producto natural de las políticas implementadas por el presidente de ese país, Hugo Chávez. Más allá de los resultados que este relativamente nuevo esquema –cuenta con una reforma del 2002- demuestra, es evidente que el fuerte carácter ideológico del mismo forma parte de una forma de gobierno específica y coincidente con muchas otras medidas llevadas a cabo por el gobierno de ese país.
Si bien tomar en consideración el modelo de seguridad laboral que representa a uno de los países que amenaza con ser socio estratégicos de Argentina en múltiples proyectos y operaciones económicas es importante a la hora de analizar el propio, no hay que olvidar que son modelos que se encuentran en las antípodas, ya que en el primero se observa una más que clara intervención estatal y el actualmente vigente en nuestro país se encuentra bajo una cuestionada órbita privada. De todas formas, no caben dudas que un completo análisis internacional resulta más que válido a la hora de advertir y reconocer tanto las flaquezas como los aciertos de un sistema polémico.

Salomé Zamora