Las nuevas exigencias de un sector casi privilegiado.
Los empresarios del transporte público de pasajeros anunciaron, en el día de ayer, un paro en el servicio de colectivos que se desarrollará entre las 22 de este miércoles y las 5 del jueves 3 de mayo. El motivo del reclamo es, nuevamente, nuevas formas de financiamiento para la actividad, ya sea a través de un aumento en las tarifas o de nuevos subsidios.
Los empresarios del sector público de pasajeros anunciaron un paro de colectivos de corta y media distancia que se extenderá entre las 22 hs del miércoles 3 hasta las 5 hs del jueves 4 de mayo. La medida, considerada una “racionalización de servicios”, está pensada como estrategia a la hora de reclamar al Estado recursos para el sector, ya sea a través de un aumento de tarifas o, en su defecto, nuevos subsidios.
El empresariado del transporte argumenta, desde hace tiempo, una grave crisis económica en el servicio desencadenada, básicamente, por el congelamiento de tarifas que el gobierno impulsó en su lucha contra la inflación. Según el sector, a pesar de la política subsidiaria que se viene aplicando desde la salida de la convertibilidad, la actividad registra importantes márgenes de pérdidas, las cuales rondarían los 47 millones de pesos. Entre las razones más importantes de este desequilibrio económico se encuentra el conflicto salarial que se viene experimentando desde hace tiempo en muchos sectores productivos de nuestro país. El nuevo mapa remunerativo que ostentan los empleados del servicio es la principal causa que se argumenta a la hora de justificar el caos económico en el que tanto se amparan. De todas formas, hay que decir que la normativa vigente contempla un panorama de recomposición salarial y establece que cualquier incremento en la carga de la remuneración puede ser trasladado al Estado. Frente a este cuestionamiento el gobierno deberá decidir, entonces, si destina más recursos de los previstos al plan de subsidios o si, en cambio, apoya la necesidad de una modificación tarifaria y autoriza un aumento en los boletos.
De todas formas, la historia de los subsidios no es nueva y lleva ya más de cuatro años de controversias entre el gobierno y los empresarios del sector. Básicamente, hay que decir que este recurso nació en el año 2002, en el período pos devaluación, como arma a la hora de luchar contra los efectos que el repentino fin de la convertibilidad trajo aparejado para casi todos los sectores del país. En ese momento los subsidios representaron una buena opción a la hora de otorgar contención económica a una actividad consumidora de una gran cantidad de insumos importados y, también, para hacer que estos aumentos no se trasladen hacia el grueso de la sociedad. Esta medida fue complementada, en ese entonces, por lo que se denominó “precio diferencial de combustible”, que consistía en otorgarle al sector del transporte –sobretodo colectivos, trenes metropolitanos y barcos locales- precios preferenciales en materia de combustible. Implicaba un valor mínimo con respecto al precio del mercado y la diferencia, que el año pasado llegó a ser de 70 millones de pesos, era aportada por el Estado. Si bien surgió como una medida provisoria, continúa vigente en la actualidad.
No quedan dudas que los subsidios fueron muchos e importantes, y se incrementan anualmente teniendo en cuenta los aumentos que se registran en actividades paralelas y complementarias a la del transporte. En el año 2003 el Estado aportó una cifra de 2,1 millones de pesos diarios en conceptos de subsidios, mientras que en el 2004 el desembolso fue de 3 millones. Para este año 2006 estaba previsto un gasto de 5,7 millones por día, lo que implica una cifra de 2052 millones al año en materia de compensaciones económicas al sector. Estos valores implican un incremento del 15,4% con respecto a las registradas en el 2005. Los colectivos, eje y centro de este conflicto, recibieron un promedio mensual de 57,7 millones durante el año pasado, y estaba prevista una subvención de 70 millones para este 2006, cifra que seguramente se modificará a raíz de estos conflictos suscitados entre los empresarios y el gobierno. Vale aclarar que el valor de los subsidios a entregar surge de un cálculo que se realiza a partir de la cantidad de pasajeros transportados y la cantidad de km recorridos por cada colectivo.
De todas formas, la medida de fuerza adoptada por el transporte de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense no representa una sorpresa para ciertos grupos adentrados en esta problemática. En el interior del país ya se estaba viviendo una serie de paros decretados por los sindicatos en reclamo de aumentos salariales, otorgados ya en Capital y GBA. Esto, a su vez, desencadena en cierto desencanto en algunos gobernadores del interior del país, quienes no dudan en demostrar su reticencia a la actual política de subsidios que, según manifiestan, está diseñada para abastecer al transporte de la Capital y el conurbano, mostrando de ese modo un desequilibrio alarmante con respecto al resto del territorio nacional. Más allá de las críticas, no quedan dudas que la densidad del transporte público de pasajeros en esta región –moviliza a 8400000 personas por día- es de por sí ampliamente mayoritaria en comparación con lo que se pueda llegar a registrar en otras provincias del país. La diferencia en los subsidios es, entonces, entendible, sobre todo teniendo en cuenta que a esto hay que agregar ciertos valores relacionados con los costos –desde insumos hasta el seguro, muy superior por tratarse de una zona de alto riesgo- que son mayores en Buenos Aires y alrededores. Además, como se explicó anteriormente, la suma del subsidio se establece a raíz de la cantidad de pasajeros transportados y los kilómetros recorridos por unidad, variables que son muy superiores en esta ciudad que en cualquier otra del país. El área metropolitana recibe por mes $3000 por colectivo. Por supuesto que a esto debe agregarse las ganancias básicas que obtiene un servicio tan popular y masivo como es éste. Diariamente es utilizado, como se mencionó, por más de ocho millones de personas sólo en la ciudad de Buenos Aires. A esto se le suma, también, que los colectivos cuentan con tarifas más altas para aquellos pasajeros que viajan desde la capital hacia la provincia, precio que llega a $1,50. No quedan dudas que, si se suman las ganancias obtenidas y los suculentos subsidios del Estado, y a esto se agrega las tarifas mínimas que abonan en concepto de gasoil y la parte que absorbe el Estado en casos de recomposición salarial, el capital con que cuenta el servicio no es nada despreciable. Si bien es comprensible que los costos inflacionarios son decisivos en una actividad con un gran consumo en materiales de manutención, también es cierto que esto es común al campo productivo en general y muchos otros grupos económicos acordaron una actitud de cooperación con el proceso de crecimiento económico basada, en muchos casos, no sólo en mantenimiento de precios sino también en la reducción de los mismos. Muchos de ellos se tratan de sectores mucho menos favorecidos por el Estado que lo que es el servicio de transporte público de pasajeros.
Sin dudas, se trata de una situación que coloca al gobierno en la encrucijada de seguir apoyando subsidiariamente a una actividad que constantemente suma denuncias de los consumidores por las malas condiciones del servicio – denuncias realizadas inclusive en épocas donde el “desajuste” tarifario no era notorio- o si permitir un aumento en las tarifas que, aunque sea mínimo, se convertiría en una fuerte incidencia en el índice de inflación que tanto asusta al gobierno pero que tanto sufre el usuario. Las próximas horas serán, entonces, decisivas a la hora de vislumbrar el futuro de uno de los servicios más influyentes en la rutina de millones de personas en todo el país.
Salomé Zamora
