Salud en el trabajo: una responsabilidad de todos

La siniestralidad laboral se ha convertido en un problema que, por sus consecuencias económicas y sociales, necesita de soluciones rápidas y efectivas. La III Jornada de Salud y Seguridad en el trabajo, organizada por la SRT, mostró a dos regiones españolas que demostraron cómo es posible el crecimiento económico sin afectar la salud del trabajador.

La siniestralidad laboral se ha convertido en uno de los temas de mayor preocupación en muchos sectores relacionados con la actividad del trabajo, tanto en nuestro país como en otras partes del mundo. El fracaso de muchos planes diseñados con el objetivo de lograr algún tipo de reducción en los índices de accidentología laboral ha mostrado, en numerosas oportunidades, que se trata de una problemática compleja que se debe concebir como una interrelación de diferentes factores provenientes de múltiples sectores sociales. Pensar en una reforma del sistema de trabajo sin contemplar también a los organismos de salud, al marco legislativo y a la acción gubernamental es prácticamente una estrategia destinada al fracaso. En este sentido se orientó la III Semana de la Salud y Seguridad en el Trabajo, desarrollada los días 26,27 y 28 de abril en el Sheraton Libertador y orientada a debatir, básicamente, sobre la problemática del cáncer ocupacional y los diferentes planes a la hora de luchar contra los accidentes y enfermedades profesionales.
Muchos especialistas han instalado el concepto que la siniestralidad laboral es una consecuencia lógica e inevitable de cualquier sistema económico y productivo pujante. Si bien a simple vista se trata de un planteo lógico, en los últimos años fueron muchos los ejemplos que demostraron que un proceso de crecimiento fuerte no es equivalente a un grado de accidentología importante. José María Roig Aldasoro –Director General de Trabajo del Gobierno de Navarra- y Carlos Heras Cobo –Director del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral- fueron los encargados de demostrar, a través de una serie de videoconferencias en vivo desde España, cómo es posible lograr desarrollo económico y alcanzar una reducción en la cantidad de accidentes de trabajo.
Tanto Navarra como Aragón se tratan de dos localidades españolas que, a través de una serie de planes estratégicos, han logrado reducir significativamente sus índices de siniestralidad laboral, con números mayores que los que muestra la totalidad de la nación española. España sancionó, en el año 1995, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, extensión de la regulación europea dictada en 1989. Esta ley reemplazó a una normativa específica pero muy pacífica para el trabajador y el empleador, más de carácter correctivo que preventivo. Significa un avance en cuento a la generación de trabajo de calidad e instala el concepto de prevención en todo el sistema empresarial y productivo. A pesar del avance que ostentaba la normativa, luego de su sanción se produce, en todo el territorio español, un incremento en la cantidad de accidentes laborales. Según remarca Roig Aldasoro, “Navarra mostraba más accidentes que el resto de España”. La situación era, sin dudas, complicada, pero a casi una década de esa reforma al menos dos regiones españolas muestran estadísticas que generan envidia en más de un sector dedicado a la seguridad laboral. A esto se suma que Navarra se caracteriza por ser una región industrial, hecho que aumenta el factor de riesgo. A pesar de esto, esta región ibérica logró reducir sus índices de siniestralidad en todas sus actividades productivas con excepción a la agricultura, único sector que mostró un incremento es sus estadísticas. La receta que se aplicó fue aplicar las leyes de prevención laboral en conjunto con las de fomento del empleo, con el objetivo de generar más y mejor trabajo.
Según explica Roig Aldasoro, la estrategia que se aplicó en Navarra consta de tres planes centrales y el último de los mismos aún se encuentra en vigencia. El primero de ellos, denominado “Primer plan de empleo de Navarra”, se desarrolló durante los años 1999 y 2001 y consistió, en términos generales, en impulsar medidas como la prevención, la evaluación, la planificación, los incentivos fiscales, entre otros. La siniestralidad se logró reducir en un 25%. La segunda parte del mismo, llamado “Segundo plan de empleo de Navarra” se extendió durante el período 2002-2004 y consistió en el refuerzo de medidas anteriores y el agregado de otras como la formación para los trabajadores y empresarios. Ya en el “Tercer plan de empleo de Navarra”, iniciado en el 2005 y con proyección hasta el 2007, se calcula un refuerzo y perfeccionamiento de las medidas correspondientes a los dos planes anteriores. La implementación de estos planes hizo que a región muestre una reducción de más del 22% en sus índices de accidentología laboral, números que, como se dijo, son superiores a los que puede mostrar la nación española en general. No quedan dudas que se trató de un plan exitoso que logró conjugar efectivamente estrategias en fomento tanto del empleo como de la prevención de los riesgos laborales.
En la misma dirección se ubica el plan desarrollado en la región de Aragón. Según Heras Cobo, una región que presentaba datos alarmantes, ya que cada 1000 trabajadores, 50 había padecido algún tipo de accidente al término de un año. El objetivo básico del programa implementado en esta región era la detección de aquellas empresas con alta tasa de siniestralidad y la posterior mejora en las condiciones de trabajo. Se implementaron tres programas básicos: el “programa Aragón”, el “programa de sobreesfuerzos” y el “programa microempresas”, diseñados a partir de las distintas necesidades de las empresas y a partir de los diferentes tipos de siniestralidad que se detectan en el sistema.
El primero de ellos detecta a empresas con problemas de accidentes laborales contemplando a 116 actividades económicas diferentes. Es decir, se realiza un promedio de accidentología en cada uno de estos sectores productivos y se detecta la empresa que presenta mayor siniestralidad de cada una. Para ingresar a este programa la empresa tuvo que haber tenido, por lo menos, un 25% de siniestralidad y su actividad haber demostrado al menos tres accidentes de trabajo. Se encuentra en funcionamiento desde el año 1999 y, en este año, se está aplicando en 946 empresas. Su ventaja más importante radica en que se logró un aumento del PBI por la misma reducción de los índices de siniestralidad ya que, de esta manera, se logra reducir el impacto económico de los accidentes de trabajo – baja en la producción, gastos legales y de indemnización, entre otros-. Actualmente, Aragón registra una media de accidentología muy inferior a la de la nacional, convirtiendo a la región en la segunda con menos accidentes de todo el territorio español.
El segundo programa está apuntado a aquellas empresas que presentan una alta tasa de siniestralidad a raíz del sobreesfuerzo, causa que representa el 35% de los accidentes producidos, mientras que el tercero, a su vez, está diseñado para aquellas micro empresas que presenten, al menos, un accidente por año. La importancia de estos programas radica, evidentemente, en el éxito de convertir una situación compleja en una envidiable para muchos especialistas dedicados a la temática laboral.
Sin dudas, se trata de una problemática compleja que tiene repercusiones tanto a nivel social como económico y, como tal, necesita una concepción multidisciplinaria a la hora de pensar en cómo combatirla. Sólo así se logrará actuar con eficacia en una situación que hace peligrar la calidad humana de una de las actividades sociales más importantes del hombre.

Salomé Zamora