El desafío de construir una identidad
El proyecto de reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo plantea una serie de artículos que generan preocupación al sector empresarial pero, sobre todo, a las PYMES. Lograr una normativa equilibrada que instale reglas de juego claras es el mayor desafío que enfrentan los sectores vinculados al sistema productivo.
El proyecto de reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo se ha convertido en uno de los proyectos más polémicos y debatidos de la actual gestión kirchnerista. Impulsada desde el Ministerio de Trabajo, defendida por sectores gremiales y cuestionada por grupos empresariales, la futura ley es el eje de los debates que se desarrollan en torno a la actividad productiva y laboral de nuestro país.
Luego de casi 15 años de un régimen caracterizado por la reducción de los derechos laborales básicos, la futura ley asoma como una contraposición absoluta a las políticas aplicadas en los ’90, reflejando en una buena medida el rumbo que el actual gobierno aspira a tomar en materia laboral. De fuerte tinte ideológico, se trata de un nuevo mensaje a la hora de diferenciarse de las políticas empleadas por el gobierno menemista.
Los principales cuestionamientos que han pronunciado las diferentes agrupaciones empresariales giran en torno a dos puntos fundamentales de la reforma: el nuevo cálculo indemnizatorio y la denominada “doble vía”, que le otorga al empleado la posibilidad de recurrir tanto a las aseguradoras de riesgos de trabajo como a la justicia civil a la hora de reclamar su resarcimiento. Esta nueva ley afectaría sobre todo a las PYMES, ya que son las que muestran los mayores números del sistema en cuanto a informalidad y accidentabilidad laboral. El problema radica en que las PYMES son consideradas el gran motor de la economía de nuestro país, por lo que se deben estudiar profundamente las medidas que giran en torno a ellas.
Con la intención de obtener mayor poder de incidencia en las discusiones generadas en torno al proyecto, representantes del sector empresarial han elaborado de manera independiente proyectos alternativos que fueron elevados al Ministerio de Trabajo. Ricardo Faerman –CGE- y Enrique Zanin –Unión Empresaria- presentaron ante el Secretario de Financiamiento, Guillermo Nielsen, una propuesta que, además de eliminar los artículos más conflictivos del proyecto oficial, plantea una serie de puntos que pueden llegar a afectar directamente a las pequeñas y medianas empresas ya que apuntan a la responsabilidad del empleador. Según el proyecto, éste puede llegar a ser sancionado a través de un importante pago de indemnizaciones si se llegara a constatar omisiones o incumplimientos a la normativa que resultaran causales de algún tipo de accidente o enfermedad laboral. También contempla penas en caso de que el trabajador que sufra el accidente no se encuentre registrado formalmente.
Por otro lado, es recurrente el argumento de los directivos de las PYMES que aseguran que muchas cosas de los actuales regímenes tributarios y laborales del país hacen que sea muy complicado para estas empresas combinar un nivel de ganancias óptimo que garantice una productividad sostenida y el cumplimiento absoluto de todas las normativas que regulan la actividad laboral. De esta manera, se impone la necesidad de una reforma compleja que incluya también la revisión de legislación involucrada indirectamente con la esfera del trabajo. Evidentemente, se trata de un tema complejo donde resulta difícil poder mantener un punto de equilibrio. Lograr balancear derechos laborales, rentabilidad empresarial y un marco jurídico favorable al ingreso de nuevos capitales e inversiones al país requiere de un consenso y un funcionamiento del sistema sumamente afianzado y muy distante de la actual coyuntura del país.
La debilidad que presentan las PYMES en cuanto a seguridad laboral es un fenómeno que la SRT trata de forma diferencial desde hace 6 años. En el año 2000 creó el Programa para la Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, destinados a empresas que manejen un personal de entre 11 y 49 trabajadores y hayan registrado una tasa de siniestralidad de, al menos, 30%. Este tipo de empresas son consideradas por muchos como un grupo de riesgo, percepción que los datos estadísticos comprueban: en el año 2003, cuando promediaba la implementación de este Plan, agrupaban el 33% del total de las PYMES que presentaban casos de accidentes o enfermedades profesionales; el 14% de los trabajadores que desarrollaban tareas en empresas con alta siniestralidad y el 23,2% de los casos notificados con días de baja laboral. La debilidad estructural de este tipo de empresas también ha sido abordada en otros países. Algunas regiones de España, por ejemplo, han implementado una serie de medidas destinadas a combatir el alto nivel de accidentes que se había producido luego de la sanción de la ley laboral europea en 1995.
Desde el comienzo del capitalismo como sistema mundial hegemónico, uno de los grandes debates que se originaron es la constante contraposición de intereses entre el sector gremial y el empresarial. Si bien se trata de un hecho inevitable, muchos países avanzados han logrado disminuir esta conflictividad a través de un consenso entre las partes o la elección social del liderazgo definitivo de alguna de ellas. En Argentina existe una fuerte tradición gremial, pero los constantes cambios en las políticas socio económicas han hecho que aún no se pueda definir un modelo de país que defina no sólo políticas, sino que también otorgue bases a la hora pensar el futuro.
La nueva ley de riesgos de trabajo, necesaria dado el aumento en la siniestralidad laboral que el país registra desde hace tres años, debe convertirse no sólo en una normativa equilibrada, sino en una plataforma para sentar las reglas que definan el modelo laboral sobre el que el país se apoyará en el futuro.
Salomé Zamora
