Los nuevos desafíos del mercado laboral

El pasado lunes se llevó a cabo, en el Senado de la Nación, una nueva jornada organizada por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en la cual se debatió sobre la instalación de los comités mixtos como herramienta de prevención de los accidentes de trabajo. Con la presencia del ministro Tomada, numerosos especialistas expusieron sobre un recurso novedoso en nuestro país, pero con importantes experiencias a nivel internacional.

El pasado lunes 14 se desarrolló, en el Anexo del Senado de la Nación, la jornada “La participación de los trabajadores en la gestión de la prevención”, organizada por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo –SRT- y orientada a debatir sobre la implementación de los comités mixtos como elemento de prevención de los accidentes y enfermedades laborales, uno de los principales flagelos que afecta al sistema productivo de nuestro país. Numerosos especialistas, entre los que se destaca el Ministro de Trabajo Carlos Tomada, debatieron sobre las implicancias de la incorporación de los trabajadores en el sistema de riesgos de trabajo.
Desde el comienzo del período de recuperación económica, hace ya tres años, los índices de siniestralidad laboral han mostrado un incremento significativo, alcanzando actualmente una cantidad de 495 mil accidentes y enfermedades por año. Esto equivale a dos personas accidentadas por minuto, lo que ubica al país en una situación crítica en lo que respecta a salud e higiene en ámbitos de trabajo.
Según Tomada, el rol del Estado se presenta como determinante a la hora de detener esta tendencia. El proyecto de reforma de Ley de Riesgos de Trabajo que próximamente se elevará al Senado, y que tantas polémicas ha despertado en el sector empresarial, intenta consolidarse como un paradigma en este sentido ya que apunta a lograr una profundización en aspectos como “prevención, actuación del Estado, respeto a la Constitución y actuación de las ART”, enumera.
Si bien el marco regulatorio se presenta como un arma fundamental a la hora de luchar contra la accidentabilidad laboral, los enfoques actuales la ubican más como un fenómeno multicausal que encuentra una solución más efectiva en la implementación de políticas de carácter interdisciplinario. Por esa razón, resulta útil poder captar las necesidades de los distintos grupos involucrados en la dinámica laboral para mejorar las condiciones de los diferentes ámbitos de trabajo, con el fin de eliminar una problemática que cuenta con múltiples consecuencias. “Los problemas relacionados con los accidentes y las enfermedades laborales repercuten tanto a nivel social como en la productividad”, afirma Tomada.
Según la visión del Ministerio, la prevención y la participación de los trabajadores son dos conceptos claves a la hora modificar una realidad que, como se mencionó, no afecta sólo a la faceta social del trabajador sino, también, a los márgenes de ganancia de una organización. Por esa razón, la creación de los comités mixtos surge como un debate necesario en un país que se encuentra en una etapa de recuperación económica, reactivación productiva y reinserción laboral.
La experiencia de los comités mixtos a nivel internacional es abundante y no sólo se registra en el ámbito de América Latina, sino que países reconocidos tradicionalmente por su fuerte cultura corporativa también los han implementado. En la mayoría de los países de la Unión Europea ya funcionan, y en Estados Unidos existen desde los años ’70. La importancia de la creación de este tipo de organismos radica, fundamentalmente, en la incidencia que pueden llegar a tener en las tareas de prevención, fundamentales en la problemática de la siniestralidad laboral ya que, según explica Tomada, “el 52% de los accidentes son evitables”.
Si bien algunas empresas multinacionales radicadas en el país ya han incursionado en la creación de los comités mixtos, el desafío es poder trasladar esta institución también a las PYMES, el principal motor del aparato productivo argentino. Según Héctor Recalde –Presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados-, las acciones de prevención deben estar destinadas, principalmente, a este tipo de empresas, un sector tradicionalmente poco visitado por las inspecciones de las ART a pesar de registrar los accidentes de mayor gravedad del sistema. De todas formas, como afirma el diputado, resulta determinante definir el concepto de PYME, ya que ésta debe considerarse no sólo por su cantidad de trabajadores, sino también “por su volumen de facturación”.
El inicio del debate sobre la instalación de los comités mixtos en las empresas argentinas surge no sólo por la necesidad de trabajar sobre una problemática creciente y alarmante, sino también por el inicio de una nueva etapa política en el país. Según el ministro Tomada, “después de muchos años de sociedad de mercado, hay que hacer una sociedad de trabajo”, y para esto resulta imprescindible remarcar un principio básico establecido por la Organización Internacional del Trabajo –OIT- según el cual “los derechos laborales son también derechos humanos”, determina.
Para esto es importante colocar al trabajador como un agente fundamental a la hora de instalar políticas de prevención de accidentes laborales. “A pesar del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, no existen en el país modelos de prevención basados en la participación activa del trabajador”, afirma Héctor Verón, Superintendente de Riesgos de Trabajo.
Más allá de la resistencia que se forma en los sectores empresariales y de poder en torno a estas medidas, los especialistas las señalan como indispensables no sólo desde el punto de vista social y humano sino, también, desde el económico. La estrecha relación que une a la productividad de una empresa con sus niveles de siniestralidad laboral ha sido estudiada en muchos países del mundo, ya que un accidente de trabajo conlleva costos indemnizatorios y períodos de licencia que terminan afectando a la producción y la economía de una institución. “Una empresa sana es una empresa competitiva”, afirma Verón.
El proyecto de reforma de la ley de riesgos de trabajo ha sido un factor de tensión entre el Gobierno y el sector empresarial durante el último tiempo. Más allá de la resistencia lógica que puede sembrar en este ámbito, se intenta crear una normativa que acentúe el rol de los organismos de control y logre, así, establecer una política de prevención concreta, única arma realmente efectiva a la hora de evitar la siniestralidad laboral y las consecuencias – económicas y jurídicas- que suelen derivar de este tipo de hechos.
El mayor desafío se centra, entonces, en conjugar los intereses comerciales y laborales con el fin de aumentar tanto la seguridad de los trabajadores como la productividad empresarial, dos fenómenos que, lejos de distanciarse, se encuentran más entrelazados de lo que se suele creer.

Salomé Zamora