Detectan irregularidades en la liquidación del IPSeguro

Los diputados que investigan la deuda pública y sus asesores revelaron que en la licuación de los activos del Instituto Provincial del Seguro hubo severas irregularidades: el Estado se hizo cargo de una abultada deuda. Responsabilizan al ex gobernador Ramón Puerta y su por entonces fiscal de Estado, Alvaro Camaño.

La investigación de las privatizaciones de los activos del Estado en la década pasada amenazan con desatar un nuevo escándalo político-económico. A los datos conocidos de la venta de Papel Misionero, del que se desconoce el destino de al menos 38 millones de dólares, se suman otros datos que van apareciendo a medida que los legisladores que investigan la deuda pública sacan a la luz viejos documentos.
Según fuentes que analizan el control de las empresas privatizadas en los 90, durante la primera mitad del gobierno de Ramón Puerta, con el asesoramiento del abogado correntino Alvaro Camaño, quien por entonces era fiscal de Estado, hay numerosas irregularidades en el desguace del Instituto Provincial del Seguro. El ex fiscal, prestó asesoramiento y avaló jurídícamente, como “defensor del patrimonio provincial”, las decisiones del gobernador.
El Instituto Provincial del Seguro, hoy en manos de la Caja de Seguros S.A. era una empresa que daba utilidades e inyectaba dinero a la economía misionera, con servicios gratuitos a los niños en edad escolar, con cobertura en toda la provincia. Sin embargo, del dinero obtenido por su venta aprobada en diciembre de 1995, poco se sabe. En realidad, no se trató de una privatización, sino prácticamente en la licuación de los activos provinciales: se entregaron los activos y el Estado asumió los pasivos. El IPSguro no pagaba las pólizas y cuando se liquida, el Estado se hace cargo de las deudas y la provincia asumió el pago de los juicios con Cemis por una cifra, a fines de 1999 que se estima en U$S 150.000.000, según el ex ministro de Economía, Humberto Schiavoni, quien también tendría responsabilidad directa en las irregularidades que se investigan.
Para cubrir el rojo, en 1996 aumentó el stock de deudas en 18%. Este incremento se explica por la colocación de Títulos Públicos (CEMIS), destinados a asumir las deudas por la privatización del Instituto Provincial del Seguro.
Los investigadores apuntan a la responsabilidad de Puerta, Schiavoni y el ex fiscal Alvaro Caamaño, ya que no consiguen dar con los datos reales sobre lo obtenido por la venta, varios millones de dólares, pero además por el endeudamiento al que se sometió la provincia para entregar uno de sus activos, que era ejemplo a imitar por varias provincias. Además de Caamaño, también existiría responsabilidad de su destituido sucesor, Lloyd Jorge Wickström, ya que aparecen documentaciones que lo vinculan a irregularidades millonarias en dólares en el tratamiento de los pagos vía bonos CEMIS de las obligaciones del ex IPSeguro.
Actualmente, el Gobierno sigue afrontando deudas millonarias por la privatización del IPSeguro. Se están cancelando las obligaciones incumplidas como seguros de accidentes laborales de los empleados públicos, seguros de vida, etc. Eso sin mencionar el daño económico ocasiado a numerosas empresas que confiaron en el asegurador provincial, que antes de su privatización era un modelo para otros institutos, como el Autárquico de Entre Ríos, la Caja de Ahorro, la Caja Popular de Tucumán, que sufrieron el mismo destino impuesto por la ola neoliberal. También es conocida la situación de los beneficiarios que, a pesar de haber pasado diez años en litigio y con varias resoluciones judiciales favorables, aún no fueron compensados, generándoles también muchos daño.
Los diputados analizan las privatizaciones de Papel Misionero, Apos, el Banco Provincia y el IPS. Según trascendió, la investigación podría generar revuelo, ya que habría elementos para determinar que hubo irregularidades en todo el proceso privatizador, pero sobre todo, en el destino de los fondos obtenidos por la venta de los activos del Estado.

Los argumentos para la privatización

El ex gobernador Ramón Puerta decidió privatizar el IPSeguro como “un instrumento del cambio” que se conocía como el proceso privatizador o desestatizador iniciado por el ex Presidente Carlos Menem. La Legislatura, a diferencia de otros casos, autorizó la privatización, pero dejó en manos del Ejecutivo la elaboración de los pliegos y condiciones de la privatización. Así se vendió una de las empresas señeras de Misiones, creada en diciembre de 1959. Pero en lugar de ordenar las cuentas y derivar los recursos estatales a otras áreas, se incrementó la deuda pública y la situación social esgrimida por el apostoleño, no mejoró.

Fuente: Misiones On Line