Atrapan a miembros de una supuesta aseguradora "trucha". PRUDENXIA NO PAGA, NI EXISTE.

La firma tenía sucursales en varias localidades y habría estafado a decenas de clientes. El propietario de la empresa continúa prófugo, según fuentes judiciales. Denuncia de un ente nacional. Sospechas.
Ofrecían seguros para autos a precios increíbles. Publicitaban su empresa abiertamente, mediante volantes, afiches e incluso internet. Hablaban de las bondades y conveniencias de su firma. Así, captaron cientos de clientes en distintos puntos de la provincia. Pero cada vez que alguno de ellos chocaba, se ponía en funcionamiento una aceitada organización para estafarlos, según sospecha la Justicia.
El fiscal Arnoldo Suasnábar solicitó recientemente prisión preventiva para tres integrantes de la empresa, imputados de formar parte de una asociación ilícita dedicada a estafar.
El caso salió a la luz luego de la denuncia de un cliente en la Superintendencia de Seguros de la Nación, que depende del Ministerio de Economía y Producción. Según el informe que le remitió a la Fiscalía VII la abogada de la cartera, Adriana Chiappano, el 1 de agosto del año pasado se produjo un accidente entre dos autos. Uno de ellos pertenecía a Julio César Olleta, que había asegurado su vehículo en «Prudenxia», indica el texto, que fue adjuntado a la causa. Pero la empresa se negó a abonarle al otro conductor el monto total de la indemnización, según la denuncia. Por ello, se inició una investigación, en la que se determinó que la firma no estaba autorizada. Además, utilizaba un nombre similar al de una entidad que sí lo está. «Estamos frente a una organización de envergadura, con acabada experiencia en la captación ardidosa de primas y -por consiguiente- de extrema peligrosidad para la comunidad», le advirtió Chiappano a Suasnábar en su informe.
Rápidamente, el fiscal se hizo cargo de la causa. Según el expediente, la firma tenía varias receptorías en distintos puntos de la provincia. Entre ellos, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Alderetes, Lules, San Pablo, Las Talitas, El Chañar, Trancas y Floresta, entre otros. Además, contaba con varios empleados, dedicados a vender y cobrar los supuestos servicios.
Según la declaración judicial de uno de ellos, Pablo Bazzano, toda la organización estaba a cargo del titular de la firma, Domingo René Donato Soria. «El me daba por cada seguro la suma de $ 6 en concepto de comisión. (…) Cada semana la rendía cuentas a Karina Andrade y le entregaba unos $ 1.200», afirmó Bazzano en la fiscalía. Según el hombre, muchos clientes, cuando requerían los servicios de la aseguradora, se mostraban molestos por las respuestas que obtenían. «Cuando la gente se ponía nerviosa, ya que había diferencia entre lo que ‘Prudenxia’ ofrecía y lo que ellos reclamaban, yo entregaba la dirección del señor Soria. A él eso no le gustaba», dijo Bazzano, quien calculó que solamente en Lules la firma tenía unos 180 o 190 afiliados activos. Suasnábar sospecha que el hombre trató de eludir su responsabilidad en las estafas, y también lo imputó en la causa. La misma suerte corrió Andrade, quien había declarado que Soria le propuso trabajo como empleada administrativa en El Manantial, según la causa. «Nunca sospeché que hubiese irregularidades», dijo la mujer ante Suasnábar. Según el fiscal, se trataba de una organización en la que cada miembro tenía un rol asignado y actuaba de manera consciente. Además, dijo que serán procesados Soria, Bazzano, Karina Andrade y su hermana Paulina Andrade y Alejandro Toledo.
En la causa figuran unas 20 personas que iniciaron acciones penales contra la firma, pero se estima que los damnificados son muchos más. En este marco, Suasnábar solicitó la prisión preventiva para las hermanas Andrade y Bazzano. «Pueden eludir el accionar de la Justicia escondiéndose como lo hace Soria», dijo el fiscal en el pedido realizado al Juzgado de Instrucción Nº 4.
Sedes «fantasma» en toda la Argentina
Según el informe remitido por la Superintendencia de Seguros de la Nación a la Fiscalía VII, la firma «Prudenxia» opera en Buenos Aires, Córdoba y Jujuy, entre otras provincias. Además, según el texto, trabaja con diferentes nombres, siempre semejantes a una empresa que sí está registrada y autorizada. «Es un delito grave», reza el informe.
Fuente: La Gaceta Tucumán