CAARA OBSERVA QUE ASESORES DE EMPRESAS LLAMAN A INCUMPLIR LA LEY DE AMBIENTE EN LO REFERIDO AL SEGURO AMBIENTAL OBLIGATORIO

El presidente de la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental, Jorge Furlan, observó que en el marco del “desconocimiento” que existe en el mercado sobre el alcance del seguro ambiental obligatorio (SAO), “abogados o asesores ambientalistas de empresas que eventualmente pueden ser contaminantes comenzaron a dar argumentos para incumplir con la ley, al punto que algunas cámaras en comunicados públicos y en recomendaciones a sus empresas afiliadas hasta llegaron a sugerir la rebeldía legal”.

Furlan formuló esas declaraciones al programa Lanzadores, de FM La Isla, en el que también manifestó que “en principio es muy laxa” la exigibilidad del cumplimiento del SAO por parte de las autoridades, aunque reconoció que “paulatinamente se han ido dictando distintas disposiciones que van de alguna forma obligando de un modo diferente”.

El directivo dijo que en ese contexto el cumplimiento “es extremadamente lento” y que el número de obligados por la ley “es mucho mayor” a los 35 mil que en su momento estimó la Secretaría de Ambiente, dado que se contabilizaban sólo las empresas de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires. “El resto del país no estaba incorporado en ese número”, señaló.

Furlan observó que “el desconocimiento del alcance de una ley lo primero que provoca es debatirla y no cumplirla” y que “esto sucedió, con un agravante: los abogados o asesores ambientalistas de empresas que eventualmente pueden ser contaminantes comenzaron a dar argumentos para incumplir con la ley, al punto que algunas cámaras en comunicados públicos y en recomendaciones a sus empresas afiliadas hasta llegaron a sugerir la rebeldía legal”.

Seguidamente ejemplificó con un artículo de la revista especializada Estrategas nº 107, donde la autora señala que muchas de las obligadas “son empresas internacionales que tienen sus propias políticas, una inversión grande hecha (en Argentina), que manejan razonablemente bien el tema (ambiental) y que de ninguna manera van a resignarlo”, y agrega que las empresas “no le van a dejar mirar a nadie las porquerías que tienen debajo de sus alfombras” y que “hacen muchas macanas” que “se les pueden ir de las manos´”.

Furlan interpretó que dicho eso “por quienes defienden el no seguro es muy ilustrativo” de los motivos por los cuales las empresas resisten el cumplimiento de la Ley, y fuerzan a dejar sin garantía a la comunidad, con el argumento de que la póliza no transfiere su propio riesgo.

El estudio ambiental inicial previo a la vigencia de la cobertura es un trámite de carácter confidencial por el cual antes de contratar una póliza la empresa debe prestarse a una auditoría de su situación, en la que se relevan eventuales pasivos ambientales y el estado de las instalaciones, a fin de evaluar riesgos y fijar la prima del seguro.