Ecuador: Dos aseguradoras están acusadas de irregularidades
Además de los problemas por los cobros a los accionistas y administradores de la banca cerrada, la saliente superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, enfrenta otros problemas. La funcionaria está acusada de haber autorizado la constitución de dos compañías de seguros sin los requisitos legales pertinentes. La denuncia fue presentada por su interpelante en la Asamblea, Rolando Panchana.
Está previsto que mañana se posesione en el Legislativo, Pedro Solines como nuevo superintendente de Bancos. El miércoles, en la Comisión de Fiscalización se planea empezar la etapa de presentación de pruebas de descargo en el juicio político contra Sabando.
En cuanto a las irregularidades, supuestamente la empresa aseguradora Cauciones S.A. no cumplió con el requisito de poseer un capital mínimo para funcionar ($ 3’943.410). Sabando aprobó la apertura de la compañía con un capital de apenas 400.000 dólares.
La funcionaria no ha pedido una rectificación y aumento de capital. La empresa tampoco lo ha hecho de forma voluntaria.
La aseguradora Cauciones S.A. es la unión de tres empresas como socias accionistas. Juntas tienen un capital autorizado de apenas $ 4.800. Estas son: Invertropic S.A., gerenciada por Johnny Triviño, domiciliada en el condominio Castilla de la ciudadela Los Olivos ($ 1.600); Tropicsegura S.A., dirigida por Verónica Cárdenas Vásquez, ubicada en Dátiles y la Quinta ($ 1.600); y, Milesegura, gerenciada por Andrés Assan Torres, la cual queda en el condominio Castilla de Los Olivos ($ 1.600). Estos datos fueron proporcionados por la Superintendencia de Compañías.
Las empresas-accionistas tienen como objetivo social la compra, venta, corretaje, administración, arrendamiento, permuta, agenciamiento y explotación de bienes inmuebles; además, diseño, construcción y fiscalización de viviendas, edificios, condominios, centros comerciales, industriales y residenciales, entre otras actividades.
El asambleísta Rolando Panchana asegura que formalmente preguntó a Sabando por qué autorizó la constitución de Cauciones sin que tenga el patrimonio mínimo. Según el legislador, la Superintendenta nunca respondió, aunque sí lo hizo en una carta enviada por Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia de la República. El funcionario también se interesó por conocer el sustento legal que fundamentó la autorización de la empresa aseguradora.
Sabando aprueba la creación de Cauciones en la Resolución SBS-2008-573, suscrita el 2 de octubre de 2008.
Este “hecho irregular” -afirma Panchana- ya fue advertido el 23 de septiembre de 2008 por el intendente de Seguros, Samuel Balarezo, quien en esa fecha conoció el caso y solicitó a la intendenta nacional Jurídica, Raquel Endara, un informe sobre “cuál es el monto de capital que debe tener una compañía aseguradora para poder constituirse”.
La principal del área Jurídica de la Superintendencia de Bancos respondió en el memorándum interno INJ-2008- 198, del 10 de noviembre de 2008, lo siguiente: “… para la constitución de nuevas empresas de seguros se deberá requerir de un patrimonio mínimo de $ 3’943.410, conforme lo establece el artículo 3 del capítulo I”.
La respuesta de la Intendenta se produjo después de la aprobación de Cauciones.
Según el legislador, “a esa opinión de la Intendenta, ella (Sabando) debió atenerse, pero igual extendió la aprobación. Y no diga que lo desconoce, porque el 16 de noviembre de 2010 aparece la Resolución SBS-2010- 534, publicada en el Registro Oficial Nº 321, en la que ella aprueba la constitución de Produseguros S.A. y en los considerandos del artículo 3 señala el requerimiento de $ 3’943.410 de patrimonio mínimo”.
Agrega que incluso la Junta Bancaria le exigió a Sabando que rectifique el error cometido, pero la funcionaria aún no cumple esta disposición.
La otra empresa involucrada en irregularidades es Coface, que es sucursal de una transnacional, por lo cual sus accionistas son compañías extranjeras. La Superintendencia de Bancos también aprobó la constitución de esta compañía sin tener el capital mínimo de tres millones de dólares.
Fuente: Redacción Economía del Telégrafo – Ecuador