LITIGIOSIDAD Y FRAUDE EN EL SISTEMA LABORAL: EL PODER JUDICIAL EN LA MIRA

El aumento incontrolable de la litigiosidad y el fraude en el ámbito de los accidentes de trabajo nos conduce indefectiblemente a poner en la mira en el funcionamiento del poder judicial en toda su extensión, es decir, desde los juzgados, los jueces y también los peritos.

Así lo manifestó el Superintendente Juan Horacio Gonzalez Gaviola, cuando manifestó su preocupación por este tema, haciendo especial hincapié en la falta de igualdad, sobre todo por dos motivos:

–          Falta de unicidad de criterios entre el sistema administrativo y el judicial, o incluso dentro del mismo poder judicial, relativos a la evaluación de riesgos.

–          Permanencia de la falsa imagen que existe en la sociedad, respecto de que los reclamos deben ser muy abultados, total quien paga es la ART, pero no se advierte que la ART son empresas privadas con fines de lucro, que si ven aumentada su litigiosidad o el monto de las indemnizaciones, ese plus terminarán agregándolo a la alícuota que paga el empleador y éste a su vez deberá trasladarlo a los costos de su negocio.

Estas dos cuestiones, no hacen más que destruir la cultura laboral y con ella todo el sistema, transformándolo en un sistema de riesgo judicial. A su vez, las ART hacen todo lo posible por evitar el juicio, debido a los montos por los cuales salen las sentencias, entonces culminan arreglando en cifras muy elevadas con tal de evitar la demanda.

A la disimilitud de criterios entre los juzgados, donde la misma lesión en iguales circunstancias, generalmente no tiene la misma indemnización, nutre al sistema judicial de inseguridad y falta de confianza. Otro tema preocupante dentro del ámbito judicial, es el que señalaba el médico Dr. Daniel Sorrentino, respecto de la falta de idoneidad y capacidad de algunos peritos que confeccionan los informes, cuya función principal debiera ser actuar como un intérprete técnico de los jueces y regir su conducta por el buen arte de la medicina. Las pericias debieran ser claras, conducentes con el hecho que se pretende confirmar, con una conclusión fundamentada, dentro de los límites pedidos por el juez, completa, es decir, con una anamnesis que incluya antecedentes, explicación del hecho o enfermedad, con explicación de los resultados obtenidos de los exámenes médicos realizados,  con un diagnóstico que surja como una conclusión lógica y razonada de las explicaciones anteriores y consideración respecto de la relación de causalidad entre el hecho y la dolencia. Lo cierto y lo que ocurre en la realidad es que muchos peritos toman su paso por tribunales como su primera experiencia laboral, y van solicitando la realización de más estudios a medida que los abogados de las partes van impugnando las pericias.

De un estudio realizado sobre 96 pericias surgen los siguientes resultados que confirman los dichos anteriores:

–          Exámen físico:  44% de los exámenes estaban incompletos y en el 7% de los casos había un sobreexamen.

–          Estudios: el 30% estaban incompletos y el 15% eran inconducentes para el hecho que se pretendía demostrar.

–          Relación de causalidad: en el 70% de los casos no aparece fundamentada.

–          Aplicación del baremo:  en el 90% de los casos había errores en la valoración, un 40% no identificaba el baremo utilizado, el 25% estaba mal encuadrada la patología y el 25% había realizado un uso inadecuado.

Como contrapartida a ello, se instauró un sistema de comisiones médica a las cuales se les puede también solicitar la realización de pericias, en forma gratuita para ambas partes.  El Dr. Raúl Ojeda, juez nacional del trabajo, nos comentó su experiencia con la realización de pericias con las comisiones médicas, la cual fue muy buena. Asimismo, consideró que podría colaborar a resolver al menos algunas de estas cuestiones, la sanción de una ley que independice a los peritos de la autoridad de turno, la fijación de honorarios fijos por informe (recordemos que actualmente a mayor monto de incapacidad, mayor es el honorario del perito).

Ya culminando la jornada los Fiscales Dres. Gravier y Antúnez, ambos de la Provincia de Córdoba, nos comentaron los pormenores de una denuncia recibida en esa ciudad, respecto del abrupto incremento judicial desde el año 2006 a 2009. Luego de un relevamiento de todo el sistema de trabajo cordobés, se pudo llegar a la existencia de 4500 demandas todas ellas con reclamo por enfermedad laboral cerrados con homologación, en los cuales intervenían los mismos letrados patrocinantes, reclamaban las mismas dolencias, generalmente hipoacusia, caracterizadas por presentar un certificado médico inicial con un alto porcentaje de incapacidad, el cual al transcurrir el proceso se convertía en otro certificado con una incapacidad baja. Ninguno de ellos había requerido arribar a la etapa pericial, puesto que se acordaban en una instancia previa a ello. Es así que como resultado de la investigación, se pudo corroborar que los letrados de dichas demandas estaban confabulados con abogados de algunas ART y también con los médicos que aparecían como firmantes en los certificados presentados. Otro detalle de color, radicaba en que de los 4500 juicios existentes, 1000 de ellos pertenecían a empleados de la municipalidad de Córdoba y reclamaban por enfermedades no listadas.

El fraude laboral incide directamente en la generación de empleo, si el costo por litigio aumenta, también lo hará la alícuota que paga el empleador y ello se trasladará a los precios.

Según el Dr. Mario Adaro, son 7 las causas que provocan la alta litigiosidad:

–          Fenómeno multicausal.

–          Legislación sobreabundante pero no unívoca

–          Jurisprudencia abundante pero no coincidente

–          Judicialización

–          Escasa prevención y poco incentivo

–          Sistema basado en la reparación efectiva

–          Pérdida de vista del bien jurídico protegido: vida y salud.

La posible solución a ello, estaría dada por la Reforma del código de procedimiento laboral, elección por concurso de médicos-peritos laborales, intervención de los tres poderes del Estado.

La problemática de los peritos sobre todo, nos lleva a preguntarnos si serán suficientes los requisitos exigidos para ser perito, si no debería revisarse la base regulatoria de sus honorarios y si no sería oportuno crear cuerpos periciales del trabajo que tengan una mayor idoneidad, y control por auditorías.

Dra. Gabriela Melina Alvarez

Gabriela.alvarez@segurosaldia.com